Pueblo Wixárika denuncia violencia por crimen organizado; pide seguridad al gobierno de Jalisco
GUADALAJARA.— La inseguridad que afecta a la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, escaló con denuncias de habitantes sobre la privación de la libertad de algunas autoridades comunitarias por personas presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de advertencias sobre un posible intento de tomar el control de la comunidad y su territorio.
Ante la situación, comuneros instalaron una asamblea en el paraje Bajío del Carrizal y exigieron la presencia de autoridades federales, estatales y municipales para atender de manera urgente la crisis de seguridad que afecta a las familias wixaritari.
La problemática también ha comenzado a impactar directamente la educación y los servicios de salud en la región. De acuerdo con los habitantes, maestros y personal médico sólo pueden ingresar a determinadas zonas cuando son acompañados por elementos de la Guardia Nacional o del Ejército Mexicano.
La inseguridad incluso obstaculizó el arranque del ciclo escolar 2026-2027 en la zona escolar 002 de San Andrés Cohamiata.
Ante el temor generado por la violencia, la comunidad determinó mantener cerradas las escuelas como medida para salvaguardar la integridad física y emocional de niñas y niños wixaritari.
En un mensaje difundido por integrantes del magisterio wixárika se exigió una solución inmediata para que los planteles puedan reabrir y se dé continuidad a las actividades educativas.
“En la zona escolar 002, San Andrés Cohamiata, al haber incertidumbre y miedo la comunidad toma el acuerdo ‘cerrar escuelas’, para salvaguardar la integridad física y mental de la niñez wixárika”, señalaron.
El magisterio demandó la intervención de los tres niveles de gobierno y lanzó un llamado a las autoridades bajo la consigna: “¡Alzamos la voz por la paz!”.
Previamente, los pobladores de la nación pueblo Wixárika exigieron la presencia de autoridades federales, estatales y municipales para atender de manera urgente la crisis de seguridad. — Especial
Exigen presencia de autoridades
La comunidad wixárika de Taateikie San Andrés Cohamiata realizó un llamado urgente a los gobiernos federal, estatal y municipal para que acudieran al lugar y establecieran una estrategia integral de seguridad y protección.
Los comuneros solicitaron la intervención de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; y del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero
En un comunicado fechado este 6 de septiembre, la comunidad explicó que otorgó un plazo de tres días para que las autoridades pudieran coordinarse y ofrecer una respuesta institucional conjunta.
La intención, señalaron, era establecer un diálogo directo, respetuoso y resolutivo para alcanzar acuerdos y definir acciones concretas destinadas a garantizar la seguridad de las personas y del territorio comunitario.
“Ante la situación de inseguridad que se ha presentado en el territorio de la Comunidad Wixárika de Taateikie San Andrés Cohamiata, la comunidad ha realizado un llamado urgente a los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—, solicitando su presencia y la implementación de acciones inmediatas que permitan garantizar la seguridad, integridad y tranquilidad de las familias de la comunidad”, expuso el vocero.
Los habitantes permanecieron reunidos en Bajío del Carrizal a la espera de representantes gubernamentales.
De acuerdo con la denuncia de esta nación originaria, por la presencia del crimen organizado, ni profesores ni personal médico puede ingresar a la comunidad si no son escoltados por el Ejército. — Elizabeth Rivera
Secretario acudió en helicóptero
Esté domingo, el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, acudió en helicóptero a San Andrés Cohamiata para intentar iniciar un diálogo con los habitantes.
Sin embargo, los comuneros reclamaron que el funcionario se retirara del lugar sin atender sus demandas y sin esperar a que estuvieran presentes representantes de los gobiernos federal y municipal.
Según el relato de un comunero, cuando Zamora intentaba dirigirse hacia el helicóptero se registró un momento de tensión y un elemento de la Policía Estatal realizó un disparo al aire.
El hecho provocó preocupación entre los habitantes que se encontraban en el lugar, quienes exigieron que se investigue la actuación de los policías estatales.
La comunidad aseguró que cuenta con evidencia sobre lo ocurrido y anunció que la pondrá a disposición de las autoridades correspondientes.
“Durante la presencia de elementos de la Policía Estatal de Jalisco se registró un disparo de arma de fuego, hecho que generó preocupación y miedo entre las personas integrantes de la comunidad que se encontraban en el lugar. La comunidad señala que cuenta con evidencia correspondiente sobre dicho acontecimiento”, señaló el vocero.
Los wixaritari también solicitaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), encabezada por Luz del Carmen Godínez, que investigue el incidente y determine si existieron violaciones a los derechos humanos.
Funcionario se retiró sin atenderlos
La comunidad cuestionó que el secretario general de Gobierno abandonara el sitio sin atender de manera integral las peticiones planteadas por las autoridades comunitarias.
“El funcionario se retiró del lugar, sin atender de manera integral el llamado realizado por las autoridades y representantes comunitarios, situación que generó inconformidad y preocupación entre las personas presentes”, afirmó el vocero.
Los habitantes señalaron que la presencia de funcionarios en el territorio debe traducirse en acciones concretas y no únicamente en reuniones o visitas.
“La comunidad considera que la presencia de los representantes gubernamentales debe traducirse en acciones concretas, coordinación interinstitucional y atención directa de las demandas planteadas”, sostuvo.
Los comuneros insistieron en que la gravedad de la situación requiere una intervención coordinada y permanente de las instituciones de seguridad.
El hostigamiento de grupos del crimen contra esta nación originaria escaló con la privación de la libertad de autoridades comunitarias los intentos de apropiarse de su territorio. — Elizabeth Rivera
Posponen diálogo
Ante las acusaciones, la Secretaría General de Gobierno emitió un breve comunicado en el que sostuvo que mantiene presencia y atención permanente en la comunidad de Bajío del Carrizal, en San Andrés Cohamiata.
La dependencia señaló que el objetivo es escuchar directamente a las comuneras y los comuneros y atender las demandas relacionadas con el fortalecimiento de las condiciones de seguridad en la región.
El gobierno estatal explicó que Salvador Zamora acudió a San Andrés Cohamiata para buscar iniciar el diálogo con la comunidad.
Sin embargo, aseguró que los líderes comunales solicitaron la presencia de los tres niveles de gobierno, por lo que se decidió postergar el comienzo de las conversaciones hasta contar con representación federal y municipal.
“Ante la exigencia de los líderes comunales de contar con la presencia de los tres niveles de gobierno, se determinó postergar el inicio del diálogo hasta contar con representación federal y municipal que satisfaga las demandas de los líderes indígenas”, señaló la Secretaría General de Gobierno.
La dependencia afirmó que en todo momento ha privilegiado el entendimiento y la construcción de acuerdos con la comunidad.
También reconoció que durante la jornada se vivieron “algunos momentos de tensión”, aunque aseguró que actualmente la situación en la comunidad se mantiene en paz.
Según el gobierno estatal, en la zona permanecen elementos de la Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.
La administración de Pablo Lemus aseguró que continuará la coordinación con las autoridades federales y municipales para atender las demandas de la comunidad y generar condiciones que permitan preservar la paz y la seguridad en la región.
Inseguridad frena arranque de clases
La crisis denunciada por los habitantes de San Andrés Cohamiata no se limita a los hechos registrados durante la asamblea.
Los comuneros han advertido que las condiciones de inseguridad han complicado el acceso de trabajadores de servicios esenciales al territorio wixárika.
Maestros y personal médico enfrentan restricciones para desplazarse por la zona y, de acuerdo con las denuncias de habitantes, requieren acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional o del Ejército para poder ingresar. La situación ya repercutió en el comienzo del ciclo escolar.
En la zona escolar 002 se determinó cerrar escuelas ante la incertidumbre y el temor existente en la comunidad, particularmente por el riesgo que representa para niñas y niños.
El magisterio wixárika exigió a las autoridades una solución que permita reabrir los planteles y garantizar la continuidad de los procesos educativos.
Los docentes también pidieron que se atienda la problemática de fondo y que se establezcan condiciones de seguridad que permitan a las comunidades desarrollar sus actividades cotidianas.
Piden mesa de diálogo permanente
En su pronunciamiento, la comunidad wixárika dejó claro que no busca una confrontación con las autoridades, sino una respuesta institucional ante la inseguridad.
Los habitantes exigieron la instalación de una mesa de diálogo permanente entre los gobiernos y las autoridades comunitarias.
Entre sus principales demandas se encuentran la presencia y coordinación efectiva de los tres niveles de gobierno; atención inmediata a la problemática de seguridad; una estrategia integral de protección para la población; y medidas para prevenir nuevos hechos de violencia.
También demandaron que se investigue de manera objetiva e imparcial el disparo registrado durante la presencia de elementos de la Policía Estatal y que se determine, conforme a derecho, si existe alguna responsabilidad.
La comunidad pidió además que se respeten de manera irrestricta los derechos humanos de la población wixárika y que las acciones gubernamentales consideren las condiciones particulares de su territorio y organización comunitaria.
Los comuneros advirtieron que no debe minimizarse la situación de inseguridad que enfrentan.
“La comunidad no busca confrontación, sino una respuesta institucional seria, coordinada y efectiva ante la situación de inseguridad que afecta a sus habitantes”, señalaron.
Ante la situación de emergencia que viven, los pobladores, exigieron atención de los tres niveles de gobierno y seguridad para reabrir escuelas.
Reclamo llega a Palacio
Mientras continúa la protesta en Bajío del Carrizal, los wixaritari efectuaron una movilización este lunes 7 de septiembre frente al Palacio de Gobierno de Jalisco, en Guadalajara.
La protesta tuvo como objetivo exigir públicamente la intervención de los gobiernos federal, estatal y municipal y la instalación de una mesa permanente de diálogo.
La comunidad también busca visibilizar las afectaciones que la inseguridad está provocando en las actividades cotidianas de las familias, así como en la educación y el acceso a servicios médicos.
En su pronunciamiento, los wixaritari reiteraron que su prioridad es proteger la vida, integridad, seguridad y tranquilidad de sus habitantes, además de preservar la paz dentro de su territorio.
Hasta el momento, el Gobierno de Jalisco no ha informado públicamente sobre las denuncias de la comunidad relacionadas con la presunta privación de la libertad de autoridades wixaritari.
La única postura pública emitida por el Ejecutivo estatal se refiere a la presencia de funcionarios y corporaciones de seguridad en la zona, así como a la decisión de posponer el diálogo hasta contar con representantes de los gobiernos federal y municipal.
La comunidad, por su parte, mantiene su exigencia de una intervención inmediata y de una estrategia de seguridad que no sólo permita atender la emergencia, sino garantizar condiciones para que las familias puedan permanecer en su territorio, los estudiantes regresar a las aulas y los trabajadores de la salud y educación puedan ingresar sin poner en riesgo su integridad.
